Horitzó Europa apoya el manifiesto de la Federación Española de Oceanógrafos a favor de una Política Pesquera Común basada en criterios científicos y no políticos:

El próximo 6 de febrero de 2013, los eurodiputados votarán en el pleno del Parlamento Europeo la propuesta de reforma de la Política Pesquera Común (PPC) presentada por la comisión de Pesca del Parlamento Europeo. Ésta es una cita clave en la que el resultado de las votaciones supondrá un punto de inflexión, tanto para la recuperación de las poblaciones como para la economía del sector pesquero, aspectos íntimamente relacionados.

Se trata de una clara oportunidad para conseguir que la nueva PPC imponga una explotación sostenible de los recursos pesqueros en base al Rendimiento Máximo Sostenible (RMS). El RMS es un modelo de evaluación de los stocks de pesca fundamentado en la producción excedentaria. Es decir, una herramienta que permite establecer la captura máxima a efectuar sobre el stock, manteniendo éste en situación de equilibrio. Esto supondría establecer para 2015 límites de pesca que permitirían a las poblaciones de peces recuperarse por encima del RMS no más tarde de 2020.

De la aplicación de este criterio resultarían evidentes beneficios ambientales, económicos y sociales así como la recuperación del ecosistema marino, el incremento de los ingresos económicos y la creación de más puestos de trabajo en el sector pesquero.

Así mismo, es primordial que en la nueva PPC prevalezca el criterio científico en la gestión de las pesquerías, lo que es fundamental para la correcta determinación del RMS, y por consiguiente, necesario para acabar con la sobrepesca y evitar el agotamiento de los stocks pesqueros. Dicho criterio ha de ser tenido en cuenta tanto en la fijación de cuotas como en la toma de decisiones –en lugar de las habituales negociaciones políticas-. Como prueba de su no aplicación, España sufrió un episodio que puso en alto riesgo de colapso a la pesquería de la anchoa del Cantábrico. Dicha pesquería permaneció cerrada durante casi 5 años (2005 – 2010) tras sucesivas muestras de sobrepesca. En 2010, la UE permitió su reapertura, sin que la biomasa hubiese alcanzado el nivel de precaución establecido en 33.000 toneladas, (según recomendaciones científicas del ICES/CIEM (Consejo Internacional para la Exploración del Mar)). Consecuentemente, a mediados del 2012, los estudios científicos constataron un decrecimiento del tamaño del stock, llevando a la Comisión a tener que reducir in extremis la cuota de captura en un 30%.

En el caso de la anchoa del caladero del Golfo de Vizcaya, se disponía de una sólida base científica consistente en las campañas Bioman de evaluación realizadas desde 1987 por AZTI-Tecnalia junto a las campañas acústicas desarrolladas por el Instituto Francés de Investigación (Ifremer). Sin embargo, son pocos los stocks estudiados y con datos fidedignos disponibles que ayuden a determinar los puntos de referencia que aseguren una explotación sostenible. Ante esta situación, es preciso que la nueva PPC aplique el criterio de precaución en la conservación, gestión y explotación de los recursos, tal y como recomienda la FAO en el Código de Conducta para la Pesca Responsable (FAO, 1995). De tal manera que la falta de información científica no suponga un freno para el establecimiento de medidas de gestión y conservación que eviten la sobreexplotación de los stocks e incluso su posterior colapso.

Finalmente, es deseable que el nuevo marco normativo aprobado en breve por el Parlamento Europeo favorezca e incentive la gestión regional de las pesquerías mediante planes de gestión formulados y regulados por un modelo de co-gestión. En este sistema, el órgano de regulación está formado por un Comité de Co-gestión integrado por las partes interesadas (principalmente profesionales del sector marítimo pesquero, la administración, científicos y agentes sociales) a través de un proceso de participación activa. Resultando en un instrumento de ordenación pesquera que asegura el bienestar de la pesquería, en su contexto biológico, social y económico. Se trata de un modelo bottom-up en el que la administración no es la institución que impone la regulación ni los pescadores se limitan a explotar el recurso, sino un sistema en que el sector pesquero se implica de forma activa en la gestión, aportando sus conocimientos e ideas en la toma de decisiones, formulación, aplicación y control del mismo. Cabe destacar que en el Estado español, hoy en día, funcionan tres pesquerías reguladas mediante el sistema de co-gestión, todas ellas de manera exitosa:

• Plan de Gestión de la Sonsera (Blanes, Sant Feliu, Palamós y Arenys de Mar; Catalunya).
• Reserva Marina de Interés Pesquero “La Restinga – Mar de Las Calmas” (Isla del Hierro, Islas Canarias).
• Reserva Marina de Interés Pesquero “Os Miñarzos” (Lira, Galicia).

La Federación Española de Oceanógrafos (FEO) muestra su apoyo a la introducción en la Reforma de la Política Pesquera Común de criterios como la gestión en base al Rendimiento Máximo Sostenible, haciendo prevalecer los criterios científicos y sociales en la toma de decisiones y en la aplicación del criterio de precaución ante la ausencia de datos científicos fidedignos. Por otra parte, considera altamente aconsejable la ordenación de las pesquerías desde sistemas de co-gestión integrados por profesionales del sector marítimo pesquero, la administración, la comunidad científica y los agentes sociales.

Referencias

1. PPC: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/index_en.htm
2. ICES/CIEM: http://www.ices.dk/indexfla.asp
3. FAO: http://www.fao.org/fishery/en
4. OCEAN 2012: http://ocean2012.es, http://www.ocean2012.eu
5. Ifremer: http://wwz.ifremer.fr/peche/Le-role-de-l-Ifremer/Observation/Outils-pour-lobservation/Acoustique
6. http://www.oei.es/divulgacioncientifica/noticias_815.htm

¡Firma el manifiesto antes del 3 de febrero!