Arcadi Oliveras, profesor de economía en la UAB y presidente de Justícia i Pau, regaló a los asistentes a la cena con una brillante exposición sobre la crisis que estamos sufriendo y señaló diversas vías para superarla. Así, según Oliveras, la crisis económica llega con la explosión de la burbuja generada por la especulación financiera y se dilata en el tiempo a causa de la incapacidad del sector bancario de ofrecer crédito a las empresas y a los emprendedores, a pesar de la cantidad ingente de dinero que los Estados le han dejado (unos 2,7 billones de dólares, de acuerdo con sus cálculos, lo que supone 50 veces el volumen de dinero necesario, según la FAO, para erradicar el hambre en el mundo). La falta de crédito está sentenciando una gran cantidad de negocios y empresas (que son perfectamente viables), hecho que comporta un alto coste social en términos de desempleo y destrucción de trabajo.

Oliveras señaló cinco vías para enderezar la situación y paliar los efectos. Primeramente, actuar sobre la banca: nacionalizar las entidades intervenidas (caso de la Caja de Castilla-La Mancha), establecer una tasa que grabe los movimientos especulativos de capitales (Tasa Tobin), limitar los sueldos de los directivos bancarios y luchar contra los paraísos fiscales. En segundo lugar, hay que dar respuesta a los costes sociales de la crisis, es decir, al desempleo y, en este campo, propone repartir el trabajo existente y promover fórmulas cooperativas de trabajo. En tercer lugar, es necesario desplegar acciones de solidaridad en favor de los más afectados por la crisis y, por lo tanto, hay que ayudar a las entidades civiles que trabajan en la materia. En cuarto lugar, hace falta replantearse al modelo de desarrollo del mundo occidental y evitar reanudar un crecimiento económico que está basado en la explotación de cuatro quintas partes de la población mundial y de unos recursos naturales limitados y decrecientes. Finalmente, Oliveras resalta que las víctimas de la crisis no pueden ser los inmigrantes (en este sentido, recordó que la ONU ha concluido que el Estado español necesita un flujo migratorio positivo de 150000 personas con el fin de garantizar el sistema de pensiones, amenazado por la baja natalidad de los años 80 y 90).