En la última cena europea, Marc Guerrero, vicepresidente de la Alianza de los Liberales y Demócratas Europeos (ALDE) repasó la creciente presencia de los liberales a las instituciones de la Unión Europa (son el tercer partido en el Parlamento Europeo y cuentan con 8 comisarios al ejecutivo comunitario) y en diversos puntos del continente (especialmente en el Reino Unido y en Alemania, países donde los liberales forman parte del Gobierno, en contraste con el sur de la Unión, donde CDC es más una excepción que la regla general).

Recordando los “inicios liberales del proyecto europeo” (unificamos la economía, después ya llegará la unión política), Guerrero considera que los Estados están ganando la partida al sueño de los padres fundadores: “el Consejo pesa demasiado”. Y, según dijo, las cosas no evolucionan positivamente: “el Tratado de Lisboa llega tarde y, a pesar de dar respuesta a las necesidades más básicas de los 27, no es adecuado para una Europa supraestatal”. Según el ponente, el ALDE puede ser una tercera vía, que evite la “caduca dicotomía izquierda/derecha”. En este sentido, los liberales europeos reclaman más colaboración transnacional y menos burocracia, la creación de una gobernanza europea, un mayor papel del Parlamento Europeo y la elección directa del presidente del Consejo Europeo. Asimismo, proponen que la UE se convierta en un referente mundial y un instrumento potente que cubra las carencias de un “proyecto fracasado como es la ONU”.

Con respecto a la crisis económica, Marc Guerrero explicó que “marca el fin del Estado del Bienestar, por insostenible y porque no nos hace competitivos”. “Es necesario pasar del Estado del Bienestar a la sociedad del bienestar”, concluyó. Asimismo, declaró que, en Europa, los Estados han hecho demasiado gasto, “sobre todo en el sur, donde ha habido gasto sin control y hay demasiado funcionariado”. Guerrero defendió Estados pequeños pero solventes, que regulen pero que no sean intervencionistas y puso como ejemplo de algo que se debe evitar la regulación que sitúa el límite de velocidad en las entradas y salidas de Barcelona a 80 km/h y, como buena práctica, la negativa reciente del Parlamento Europeo a dar los datos de los consumidores europeos de servicios financieros a los Estados Unidos (regulación SWIFT).