Hoy, el secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López, ha declarado en Bruselas que el Estado español “no paga las traducciones del catalán en la UE y que no lo piensa hacer”, incumpliendo los compromisos adquiridos con las instituciones comunitarias desde 2005.

Horitzó Europa considera totalmente inaceptable la falta de seriedad y la actitud del Gobierno español, que vuelve a demostrar que los catalanoparlantes son tratados como ciudadanos de segunda dentro del Estado español y dentro de la Unión Europea.

Ayer mismo, el Sr. López Garrido vetó un acuerdo sobre la tan necesaria patente europea porque considera que el proyecto discrimina al castellano en beneficio del inglés, el francés y el alemán. El contraste con su compromiso en la defensa de la lengua castellana en la UE deja claro hasta qué punto el Gobierno español considera el catalán una lengua de segunda.

Horitzó Europa denunció el año pasado el incumplimiento de la mayor parte de los acuerdos que el Gobierno del Estado ha firmado con diversas instituciones y órganos de la UE desde el año 2005. En aquella ocasión, el Gobierno español y el PSC desacreditaron el estudio realizado por Horitzó Europa.

Ante todos estos incumplimientos y en vistas a las elecciones nacionales del 28 de novembre, Horitzó Europa pide a los partidos catalanes con posibilidad de incidencia al Congreso de Diputados que exijan la plena oficialidad de la lengua catalana en la UE con ocasión de la próxima reforma del Reglamento 1/58 sobre el régimen lingüístico de la UE, necesaria para oficializar las lenguas de los nuevos estados miembros. Es probable que Croacia e Islandia se integren en la UE en 2012 y, con el fin de oficializar sus respectivas lenguas, hará falta la unanimidad de los 27, en el marco de los respectivos tratados de adhesión que se firmarán durante el 2011; el Estado español tendrá derecho a veto.

La oficialidad de la lengua catalana en la UE no es ningún capricho. La oficialidad no sólo respondería a un acto de respeto hacia 9 millones y medio europeos que tienen esta lengua como propia, sino que tendría un importante impacto legal tanto a nivel comunitario como nacional. A modo de ejemplo, mientras el catalán no sea oficial en la UE, una empresa con las escrituras redactadas en catalán no puede participar en un concurso público de la UE o de otro estado miembro, una farmacéutica no puede redactar los prospectos de los medicamentos que produce en catalán, o un ciudadano europeo catalanoparlante no puede participar en unas oposiciones a la UE en su lengua materna (cómo lo hacen el resto de europeos). La oficialidad en la UE también facilitaría la presencia del catalán en la tarjeta sanitaria europea, en las futuras recetas médicas o en la documentación bancaria oficial, entre otros.